Gobierno Petro en cifras (1/3): balance económico del primer gobierno progresista de Colombia

El 19 de junio de 2022 quedó marcado en la historia: por primera vez en Colombia llegaba a la presidencia un candidato del llamado “progresismo”. En unas elecciones muy reñidas frente al candidato de derecha Rodolfo Hernández (50,44% contra 47,31%), Gustavo Petro se impuso en las urnas y se convirtió en el sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. Con un programa ambicioso, logró conquistar el voto de más de 11 millones de colombianos.

Ahora bien, ad portas del cierre del mandato, resulta posible hacer una evaluación preliminar de algunos de los resultados más destacables del gobierno Petro y del proyecto político que hoy aspira a ganar nuevamente las elecciones presidenciales de 2026. Para ello, revisaremos de manera somera su desempeño en economía con base en los datos disponibles.

Cabe destacar que no toda mejora en un indicador significa, necesariamente, que el país esté mejor. Una cifra puede mejorar por razones preocupantes. Por ejemplo, los delitos pueden disminuir no por una mayor presencia del Estado, sino por el control de grupos criminales en ciertos territorios; o el desempleo puede bajar no porque haya más oportunidades laborales, sino porque muchas personas dejan de buscar trabajo. Por eso, más allá del resultado, es clave mirar las causas y sus efectos, pues de allí suelen surgir los problemas estructurales de largo plazo.

Desempeño económico: estabilización, estancamiento y retos fiscales

El frente económico durante el periodo 2022-2026 se ha caracterizado por un intento de transición hacia un modelo impulsado por el gasto estatal y la redistribución, lo que ha generado resultados altamente asimétricos entre sectores, un estancamiento de la productividad real y una presión inédita sobre las finanzas públicas.

Crecimiento del PIB y agotamiento de la inversión privada

Después del fuerte rebote económico que vivió Colombia tras la pandemia, cuando el PIB creció 7,3% en 2022, la economía perdió fuerza en 2023 y apenas creció 0,6%. Sin embargo, en los años siguientes empezó a mostrar una recuperación gradual: en 2024 creció 1,7%, en 2025 llegó al 2,6% y, durante el primer trimestre de 2026, registró un crecimiento interanual de 2,2%.

Aun así, cuando se mira con más detalle de dónde viene ese crecimiento, aparecen señales de preocupación. Buena parte de la expansión parece estar concentrada en sectores como la administración pública y defensa, muy ligados al gasto del Estado, y en actividades de entretenimiento. En contraste, sectores clave para la producción y las exportaciones, como la manufactura y la minería, han tenido un desempeño débil o incluso negativo. A esto se suma una caída importante de la inversión empresarial, que bajó al 16% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas.

Desplome de la Inversión Extranjera Directa (IED)

La incertidumbre regulatoria en Colombia ha empezado a sentirse con más claridad en las decisiones de inversión. Para el primer trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa llegó a US$2.129 millones, una caída del 9,1% frente al mismo periodo del año anterior y uno de los comienzos de año más débiles de los últimos cinco años.

Un ejemplo claro de esto se encuentra en el sector minero-energético. La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos redujo el interés de varios inversionistas en un sector que, históricamente, ha tenido un peso muy importante dentro de la inversión extranjera que llega al país. Adicionalmente, diversos pronunciamientos que amenazaban con gravar transferencias internacionales fueron recibidos con desagrado por la comunidad extranjera.

Aunque impulsar sectores como la agricultura y el turismo es una apuesta deseable para diversificar la economía, hasta ahora no ha sido suficiente para compensar los ingresos que Colombia ha recibido tradicionalmente de los hidrocarburos. El resultado ha sido una mayor presión sobre las finanzas del Gobierno y un déficit fiscal que genera cada vez más preocupación.

Sostenibilidad fiscal: ingresos estancados y gasto disparado

El frente fiscal se ha convertido en una de las principales preocupaciones para Colombia. Mientras los ingresos del Gobierno se han debilitado, el gasto público ha seguido creciendo, especialmente por mayores transferencias en salud, pensiones y subsidios sociales. Esta presión llevó el déficit fiscal a niveles cercanos al límite permitido por la Regla Fiscal y contribuyó a que S&P Global Ratings rebajara la calificación soberana del país a BB-.

Así las cosas, el Gobierno está recaudando menos y gastando más. Es una situación que, incluso en nuestras finanzas personales, difícilmente aceptaríamos: si gastamos más de lo que ganamos, tarde o temprano tendremos que endeudarnos. Y cuando la deuda crece demasiado, termina comprometiendo los ingresos futuros y reduciendo el margen de maniobra en la caja.

No podemos dejar de un lado la inflación, que cedió desde el crítico 13,1% en 2022 hasta estabilizarse alrededor del 5,1% al cierre de 2025. Sin embargo, si se realiza una comparación regional explícita, Colombia sufre un rezago inflacionario marcado frente a sus pares en abril de 2026: Brasil registró un 4,39%, México un 4,45% y Perú operaba en un estable 4,0%.

El balance económico del primer gobierno progresista: estabilización de la inflación y del peso, pero a costa de un déficit fiscal que le costó a Colombia el grado de inversión.

Ahora bien, a simple vista podría parecer que la situación cambiaria juega a favor del país: el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar y la tasa de cambio ha estado en niveles más bajos que los observados en años recientes. Sin embargo, una moneda más fuerte no significa necesariamente que la economía esté libre de riesgos. El aumento del salario mínimo, junto con una deuda pública cada vez más costosa, puede seguir presionando las finanzas del Gobierno. Por un lado, mayores costos laborales terminan impactando distintos gastos del Estado; por otro, el pago de intereses reduce los recursos disponibles para inversión social, infraestructura y crecimiento futuro.

Conclusiones

Lo primero que hay que decir —porque salta a la vista— es que muchos de los grandes vaticinios sobre Colombia no se cumplieron. No fuimos una “segunda Venezuela”, el dólar no llegó a $10.000 y la economía no colapsó como algunos anunciaban con tono apocalíptico. Así que, tal vez, esta sea una buena oportunidad para mirar un poco más allá del susto y concentrarnos en lo importante: las ideas, los resultados y sus consecuencias.

En materia económica, estos cuatro años estuvieron marcados por una apuesta clara: un Estado más activo, más gasto público y un programa social mucho más ambicioso. El problema es que esa apuesta también tuvo costos. El Gobierno intentó ampliar la inversión social y cumplir una agenda bastante grande, pero en el camino terminó presionando las finanzas públicas. Con una oposición fuerte en el Congreso y una necesidad creciente de recursos, el país terminó recurriendo a deuda más costosa y comprometiendo parte de sus ingresos futuros.

Ahora bien, esto no debería sorprendernos demasiado. El progresismo, por definición, suele defender un papel más fuerte del Estado en la economía. Si eso es bueno o malo es una discusión enorme, que lleva décadas y que no pretendo resolver en este artículo —ni, aunque me sirvan tres tintos y me den todo el domingo—. Lo que sí parece claro es que, bajo gobiernos como el de Petro, o eventualmente bajo un liderazgo como el de Iván Cepeda, el Estado tendería a tener una presencia cada vez mayor en la economía.

Y no, esto no significa necesariamente que Colombia vaya a estatizarlo todo ni que mañana amanezcamos haciendo fila para comprar pan. Pero sí implica una dirección: más intervención estatal, más gasto público y más confianza en que el Gobierno puede orientar mejor ciertos sectores de la economía. A mi juicio, ahí está el principal riesgo. No porque toda intervención del Estado sea mala, sino porque cuando el Estado juega el papel de Dios, deja de corregir fallos del mercado para empezar a fabricarlos, repartiendo privilegios donde antes había competencia y centralizando el poder en detrimento de la democracia.